sustentabilidad

ordenamiento territorial

mesa forestoindustrial

El ordenamiento del territorio (OT) tanto rural como urbano es una herramienta de política pública que, realizada en diálogo y consenso local, permite guiar las decisiones productivas privadas hacia el respeto de los límites ecosistémicos y la sustentabilidad de los recursos. Con ello, facilita mantener la capacidad productiva, los procesos ecológicos y la conectividad en los ámbitos con impacto por actividad antrópica. 

La responsabilidad primaria de la elaboración del OT es de las Provincias y al momento, no se tiene una ley nacional de Presupuestos Mínimos para su realización estandarizada en todo el territorio nacional.  Los avances articulados en ordenamiento se realizan a través del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN), espacio en el cual participan todas las provincias y está presidido por el Ministro del Interior. En ese ámbito se presentó el avance del Plan Estratégico Territorial en 2018.

El sector forestal está regulado por dos leyes que colaboran en un ordenamiento parcial. Por un lado, la Ley 26331 de Ordenamiento Ambiental de Bosques Nativos, compromete a las provincias a identificar territorialmente sus bosques y a clasificarlos según el valor de conservación de los mismos. Por otro lado, la Ley 25080, modificada por Ley 27487, de Inversiones en Bosques Cultivados, está avanzando en la identificación de las cuencas forestales para el análisis estratégico ambiental, y con ello, autorizar las plantaciones con los beneficios de la Ley. 

En este contexto, se propone promover la elaboración en las provincias, y con consideración de las cuencas forestales, de un mapa de ordenamiento territorial integrado y de manera participativa para planificar y priorizar el desarrollo del sector forestal y de las inversiones industriales y asegurar la viabilidad ambiental, social y económica del sector y de las comunidades en las cuales las inversiones se realizan.

ordenamiento

El ordenamiento del territorio (OT) tanto rural como urbano es una herramienta de política pública que, realizada en diálogo y consenso local, permite guiar las decisiones productivas privadas hacia el respeto de los límites ecosistémicos y la sustentabilidad de los recursos. Con ello, facilita mantener la capacidad productiva, los procesos ecológicos y la conectividad en los ámbitos con impacto por actividad antrópica.